ARTs, para que siga el carnaval confiscatorio K

Si bien la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) sancionada durante los '90 vino a cubrir un déficit en el sector como era el de la prevención de los accidentes, se constituyó en una nueva modalidad, como las AFJPs, para la transferencia de recursos desde el sector del trabajo al del capital. Es cierto que fue una exigencia del Mercado, a tono con el clima de época, pero también que ese pedido tenía bases en las lagunas que las anteriores normativas libraban a la litigiosidad. Pero así como el Estado recuperó el control de los fondos que los trabajadores aportaban a las AFJPs, lo que plantea Víctor De Gennaro ahora para terminar con el negocio de las ARTs es más que atendible y sería, además, una nueva manera de seguir reparando las grietas o verdaderos cráteres que el neoliberalismo abrió en nuestro país.

Dijo De Gennaro: «Atrás de la muerte de los compañeros está el negocio multimillonario de las Aseguradoras, atrás del padecimiento de los trabajadores está la ganancia de estas empresas que siguen siendo defendidas en la actualidad por los gobiernos de turno. Las ocho ART más importantes concentran el 75 por ciento de los trabajadores en blanco donde la tarifa es más importante que la vida. Es un negocio que factura 12 mil millones de pesos al año, que vive a costillas de la enfermedad y sufrimiento de los trabajadores; y lo peor, con complicidad de los gobiernos de turno pero también con la sociedad de organizaciones sindicales que lucran o terminan lucrando con la enfermedad de los compañeros». Señaló también que buscarán «la derogación de la ley, pero discutiendo qué modelo queremos con todos los compañeros y compañeras que cotidianamente trabajamos y tenemos la experiencia necesaria para construir un proyecto alternativo. Frente al negocio y la muerte nosotros proponemos solidaridad y vida (...) No queremos un negocio que lucre, queremos un sistema que funcione como banco público nacional –sin fines de lucro- que otorgue garantías para auxiliar a accidentados y enfermos, y considere la justa reparación del daño a los trabajadores. Con control de los trabajadores, y todos los actores sociales, con delegados de prevención elegidos por los trabajadores más allá del sindicato, si está afiliado o no lo está. El fin es prevenir, parar la muerte y garantizar la vida».

Digamos que, si uno es nacional y popular, es muy difícil estar en desacuerdo con lo anterior. La idea de un banco público nacional no es muy distinta a que sea la ANSES (Seguridad Social) la encargada de la administración de los aportes. Ya en el 2009 Moyano y Yasky habían alertado, conjuntamente, de la necesidad de una nueva normativa que regulara la materia. No es entonces esta una medida que no pueda estar contenida en el ideario kirchnerista. Consideremos que CENDA (entre quienes se contaban Kicillof y Mariano Recalde), en 2007, concluían un artículo denominado "Un fracaso asegurado. El sistema de seguros de riesgos del trabajo" de la siguiente manera: «Más allá de sus objetivos formales, la LRT no se concentra en reducir la prevención de accidentes y enfermedades de los trabajadores. En su lugar, procuró otorgar un marco de previsibilidad empresarial en términos de los costos de los siniestros, creando -paralelamente- un nuevo negocio financiero que se sumó al de las AFJP (...) Accidentes más graves y el crecimiento del índice de incidencia dejan en evidencia el fracaso del sistema de ART. A su vez, ponen de manifiesto la necesidad de una reforma integral cuyo eje sea -ahora sí- la prevención de accidentes de trabajo». Es que la existencia misma de las ART, partícipes del entramado del capital financiero, consiste en una inversión de lo que el derecho laboral sostiene, como es la protección de los trabajadores frente a los empleadores. Como dice Lanata: hay que proteger al más débil. Consideremos, además, que la privatización de la accidentología laboral tenía asiento en esa percepción de lo público, lo estatal, como ineficiente y retardatario. Hoy el papel del Estado es muy otro y eso habilitaría también el cambio de paradigma.

Micheli (sí, el de la CTA que vivía en TN), presente en la audiencia junto a De Gennaro, dijo que «los diputados oficialistas tendrían que apoyar esta modificación, eso dicta el sentido común...». Y tiene razón. No es pecado reconocerlo. Ocurre que, de un tiempo a esta parte, es más fácil correr al gobierno por izquierda. Tiene sentido si entendemos la centralidad que el gobierno de Cristina alcanzó, y más aún si tomamos en cuenta el contexto de crisis internacional que amenaza nuevamente al frente interno (frente interno al que siguen intentando desestabilizar ahora con un nuevo intento de corrida, justo cuando se producen las liquidaciones de exportaciones: son, como los peronistas, incorregibles). Pero el oficialismo tiene aquí una nueva oportunidad para seguir atentando contra la seguridad jurídica, las reglas claras y para propiciar que nos caigamos del mundo, todas cosas que al kirchnerismo le encantan, no me van a decir que no.