Tucumán: del denuncismo al golpismo y la esperanza de una intervención federal

Primero judicializaron la política, ahora judicializan las elecciones. Muy democrático y republicano todo.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo finalmente hizo lugar a la presentación del Acuerdo para el Bicentenario, anuló los comicios y demanda nuevas elecciones. Para hacerlo, su primera resolución fue declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 de la Ley 6.944 (Código Procesal Constitucional de la Provincia) con el fin de otorgarse competencia, puesto que esa atribución le corresponde a la Junta Electoral Provincial, un órgano extrapoder con capacidad para fiscalizar y determinar la validez o nulidad de los comicios. José Cano y Amaya, en cambio, decidieron saltear esa instancia y la Cámara no solo no la hizo respetar sino que se otorgó competencia cuando no la tenía. Republicanismo a la que te criaste.

Lo que acaba de hacer la mencionada Cámara no puede calificarse sino como un golpe institucional. Sienta, además, un precedente peligrosísimo para nuestra democracia: basta denunciar fraude antes de los comicios, tener medios que lo repliquen, políticos kamikazes que hagan luego presentaciones judiciales y algún sector del Poder Judicial que las avale para cargarse el sistema. El mensaje de la oposición toda es “una persona un voto" vale únicamente si esa persona me vota a mí.

Ya habíamos señalado que se estaba utilizando a Tucumán como plataforma para instalar la figura del fraude a nivel nacional, y que tenía como objetivo las elecciones presidenciales de octubre. Alentar a Macri y sujetar a Scioli. Ocho años más sin la manija del país son demasiados luego de ocho de kirchnerismo agonista y trece si consideramos la política de DDHH. Ahora utilizan a Tucumán para deslegitimar el voto popular y sentar un precedente peligroso para la democracia, al anular elecciones, y también para la República que proclaman como horizonte, cuando dos camaristas pueden decidir la inconstitucionalidad de un artículo de una ley al solo efecto de habilitar un per saltum y fallar a gusto y paladar sobre pruebas endebles (como se pregunta Aldo Jarma: ¿se animarían a hacerlo sin contar con un guiño del presidente de la Corte Suprema nacional? Graciana Peñafort señala, en cambio, que existen fallos de la CSJ que indican que ningún fuero que no sea electoral puede opinar en la materia). Para que quede claro: hubieron irregularidades y actos delictivos durante los comicios, pero de ningún modo un fraude organizado que determinara una alteración de la voluntad popular y un asalto de la Casa de Gobierno como la toma del Palacio de Invierno. La misma Gaceta da cuenta de ello cuando apunta que la presentación del ApB señala “supuestas irregularidades que se cometieron en la carga de datos del escrutinio provisorio por parte del Correo Argentino; en la designación de los empleados de la Junta Electoral; en la designación de las autoridades de mesa y en la cadena de custodias de urnas".

Con todo lo anterior intentamos decir que la estrategia va más allá de Tucumán. Luego de este fallo, el oficialismo provincial analiza los pasos a seguir. La lógica indica apelar. Así, sería la Corte provincial la que debería determinar la validez de los comicios celebrados. No hay que ser un constitucionalista abonado a los estudios de TN para inferir que ante un fallo favorable al oficialismo, la oposición apelaría nuevamente ante la Corte Suprema nacional. Tiempos judiciales mediante, tendríamos en Tucumán para largo. Pero he aquí que el mandato de Alperovich finalizaría antes, ya que debe entregar el poder el 29 de octubre. ¿Entonces? El paraíso para la candidatura de Mauricio Macri: el Congreso Nacional debería determinar la intervención federal de la provincia a los fines de: a) aguardar la resolución judicial o; b) en caso de que la CSJN convalidara el golpe institucional y se debiera llamar a nuevas elecciones, que se respetaran los plazos de la Constitución provincial (que indica un mínimo de 60 días entre la convocatoria y los comicios). Claro, el costo político todo lo pagaría la candidatura presidencial de Scioli el 25 de octubre.

Lo habíamos advertido: “todo aquello que sirva para golpear al peronismo será amplificado, aunque implique disminuir a la democracia". Solo que ahora no se trata de disminuir sino, directamente, realizar un golpe institucional en una provincia para, de mínima, evitar el triunfo del FpV en primera vuelta. ¿Después? Y, vamos viendo...