Clientelismo y discapacidad electoral

Uno querría creer que cualquier ciudadano medianamente informado, que se tomara el tiempo y trabajo de sobrevolar —ni siquiera leer— el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, debería concluir que la anulación de las elecciones y mandato de convocar a nuevos comicios es no solo un atentado contra la democracia, el voto universal, obligatorio y secreto sino, además, un mamarracho jurídico que desprestigia a sus firmantes de aquí hasta la eternidad.
Pero no: la guerra de trincheras en la que nos encontramos inmersos se mantiene aun frente a la flagrante animosidad del fallo anulatorio. Quienes votaron por Cano y quienes pretenden votar por Macri consideran todavía (a pesar de la difusión de lo endeble de los argumentos citados y pruebas aportadas) que en Tucumán hubo fraude, que la base de éste fueron la entrega de bolsones, el traslado de votantes —¡el clientelismo!— y que, en definitiva, de otro modo el ganador hubiera sido el candidato radical. Pero vamos por partes.

Guerra de trincheras. Luego de trece años de kirchnerismo, el trámite sucesorio dentro del peronismo abría la puerta para una alternancia en el poder a otro partido. Fue lo que ocurrió en 1999 o también, de manera menos clara, luego de la muerte de Perón. La esperanza de Macri, el quiebre de Massa con el PJ y cierto retorno del aparato radical manifestado en Gualeguaychú fueron tributarios de este clima de época. Pero he aquí que el partido de gobierno decidió procesar sus contradicciones de manera interna, unificar su candidatura presidencial y aunar esfuerzos en pos de un triunfo que diera continuidad al proceso iniciado en —cabe reconocerlo— 2002. Los resultados de las PASO demostraron lo acertado de la estrategia y puso a parir a las cabezas del conglomerado opositor: ocho años más de pelea por la distribución de la renta son demasiados, es ahora o nunca. Y van por el poder o, en su defecto, por la creación de un escenario similar al de Brasil, en el que la deslegitimación del mandato de la mayoría y el jaque al sistema democrático colocaran a un nuevo gobierno ante la alternativa de pactar o sufrir el asedio. Solo comprendiendo esto se entiende la estrategia de Macri y Cano, kamikaze, que solo les permite fidelizar a los convencidos y no crecer en el voto menos comprometido con lo ideológico o partidario. Es probable que José Cano haya sumado en estas semanas mayor intención de voto en la Ciudad Autónoma o en la zona norte del Primer Cordón bonaerense que en la provincia de Tucumán.

El fallo anulatorio. Ya hemos puntualizado nuestras primeras impresiones, pero no deja de resultar notable y paradójico que dos jueces, escudados en el republicanismo y la defensa de las instituciones, lesionen justamente a las mismas. Es el propio Poder Judicial el que se coloca bajo sospecha o confirma su sesgo de clase y pertenencia. Como señalamos, el objetivo no es otro que pudrirla y ganar tiempo en busca de una intervención federal que confirme al electorado antikirchnerista el carácter tiránico del régimen K. Pese al deseo de los atrincherados en el bando opositor, es prácticamente imposible que una instancia superior convalide tamaño enchastre sin sustento jurídico: anular un acto electoral y llamar a nuevos comicios con base en el clientelismo es tan novedoso que ni siquiera puede ser comparado con lo realizado por Frondizi en 1962, cuando a instancias de las Fuerzas Armadas anuló las elecciones e intervino las provincias en las que había ganado el peronismo, solo para ser derrocado de todos modos al poco tiempo.

Clientelismo. Los “argumentos" del fallo al respecto están colocados para alimentar a la opinión pública que considera que allí reside el fraude. Podemos citar textualmente a los camaristas: «...las prácticas clientelares conspiran precisamente contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio...» o «...el voto debe ser universal, libre, secreto y directo. Y tal libertad solo existe en la medida en que el voto se emite huérfano de violencia, amenazas, apremios y sin la existencia de extorsiones, aprovechamiento de necesidades o promesas de un bien futuro de tipo exclusivamente personal. La libertad respecto del voto debe entenderse en el contexto no sólo de ausencia de violencia física o moral, sino desde la perspectiva que el elector está actuando con plena conciencia sobre las consecuencias de sus actos, y que está obrando en interés de la comunidad. De ahí que el voto sea un acto jurídico voluntario y para su plena validez ha de estar exento de cualquier vicio que ataque la plena conciencia y libertad en su manifestación.
Y aquí el razonamiento que antecede, al contrario de lo que erradamente aduce la Provincia en su responde de demanda, no se trata de estigmatizar a un sector social ni caer en concepciones “conservadoras”...».
Deberían bastar como botón de muestra. “Plena conciencia", “plena validez"; aunque elegías al voto calificado, los camaristas no presentan prueba alguna de que los votantes carecieran de conciencia —o de la suficiente conciencia— más que el triunfo del peronismo como elemento probatorio suficiente. La Gaceta también hizo referencia a la capacidad (o discapacidad) de los votantes al decir que “en Tucumán hacía rato que el voto había perdido calidad". Es este prejuicio el componente más irritante de los supuestos argumentos, puesto que deshumaniza al votante: el sujeto clientelar siempre es “arriado como ganado", ya que la plena conciencia es lo que nos diferencia como humanos de la bestia. Es la semiología del lenguaje puesta al servicio de la deshumanización, diferenciando a uno, sujeto de pleno derecho, de otro que es así “matado" simbólicamente, al ser desplazado del registro de lo humano a causa de su sometimiento por parte de las prácticas clientelares. Ese razonamiento asienta en una de nuestras tradiciones: la negación de la capacidad volitiva del Otro, sujeto clientelar, sujetado merced a lo estructural de su pobreza. Lo que traducido significa, nada más y nada menos, que el votante debería presentar su declaración patrimonial antes de emitir su voto. Desde ya preveo que algunos electores calificados preferirán justificar la no emisión.