Jujuy tomado

A la ocupación de terrenos en Libertador Gral. San Martín que derivó en cuatro muertes se han sumado luego numerosas tomas y cortes de ruta en toda la provincia. Perico, Monterrico, Pampa Blanca, Puesto Viejo, San Pedro de Jujuy, Palpalá, San Salvador de Jujuy y San Antonio contabilizan ocupaciones. Los acontecimientos ya derivaron en las renuncias del Ministro de Gobierno de la provincia, del Jefe de la policía provincial y en una investigación para determinar las responsabilidades del poder judicial, de la policía y de la firma azucarera Ledesma.

No es el propósito de esta entrada analizar las condiciones que generaron esta situación, el drama de muchísimas familias que deben vivir en el hacinamiento o en condiciones precarias. Tampoco trazar las líneas que unen al poder económico del Ingenio Ledesma con los poderes político y judicial que derivaron en la posterior represión de hace pocos días. Para ello recurrimos a lo que escribiera Manual en El Fusilado y al comunicado del Ministerio de Interior de la Nación.

Es fácil decir que siempre ocurren hechos similares ante la proximidad de elecciones. Señalar que la Corriente Clasista y Combativa (una organización social que en Jujuy compite en poder de presión y movilización con la Tupac Amaru) es opositora al oficialismo provincial y nacional tampoco es descubrir la pólvora. Ante un reclamo legítimo, el derecho a la vivienda, se recurren a métodos que se contraponen a los institucionales. Que en muchos casos el Estado no cumple acabadamente su rol es una explicación, pero también ocurre que en muchas ocasiones las protestas esconden otras motivaciones. Incidir electoralmente. Aprovechar la situación de debilidad del oficialismo, que debe someterse al voto y no quiere que su vínculo con la sociedad se vea empeñado a pocos días del comicio.

Sobre esto último sí quiero extenderme un poco, porque asemeja un movimiento de pinzas. Por un lado, si hay represión y debemos lamentar muertes, el gobierno provincial paga un costo político. Pero si se intenta el diálogo y se negocia para poner punto final a la protesta siguiendo los canales institucionales, también. El martes pasado el gobierno provincial, junto a intendentes y legisladores provinciales y nacionales, anunciaron la puesta en marcha del Plan "Un lote para cada familia que lo necesita". Para acceder al beneficio se deben cumplir algunas condiciones: "no estar ocupando terrenos o viviendas, contar con residencia en la provincia mayor a los dos años, conformar un grupo familiar y no tener propiedades".

Este plan, lo más lógico para finalizar las protestas y comenzar a dar soluciones a las familias que las necesitan, por otro lado, desencadena reacciones negativas en las clases medias y altas propietarias, que se enemistan con el poder político de turno: "les regalan lo que a mí me costó tanto conseguir", dicen. ¿Y saben qué? Tienen razón. Pero, una vez más, existe una doble vara para medir estas cuestiones. Porque si es el pobrerío el que reclama, fruncen la nariz y condenan la metodología. Pero si es el empresariado el que pide devaluación en aras de mejorar la competitividad, no fruncen la nariz. Cuando los patrones rurales (medio gringos y bien vestidos) cortaban rutas, muchos de los que ahora condenan la entrega de terrenos y viviendas apoyaban la protesta. No fruncían la nariz. Cuando el poder de lobby de las corporaciones permitió que, por ejemplo, Telecom se quedara con el monopolio de las comunicaciones del norte del país y Telefónica del sur, no dijeron nada y mucho menos fruncían la nariz.

Es difícil vencer los prejuicios. Cuesta hacerle entender al que se ofende que, aunque los métodos para conseguir cosas sean distintos, no es muy diferente la ocupación de un terreno para conseguir vivienda que el poder de lobby que ejerce una empresa o corporación para conseguir contratos o beneficios del Estado. Unos y otros ponen lo que tienen: el pobre su cuerpo frente a la posible represión y el poderoso su dinero o influencia.