Represión y política

Existe un hecho puntual y cuantificable en cualquier encuesta que quieran hacer: no todo el mundo se opone a la represión de la protesta social y son muchos quienes la consideran necesaria; más aún luego de la etapa kirchnerista, en la que primó el encauce político (sobre todo en los primeros años, aún cuando significara incorporar al dispositivo oficialista a distintos movimientos sociales y/o piqueteros o, más adelante, la manutención de esas alianzas vía fondos estatales) y, cuando no fue posible, se toleraron las manifestaciones. Si el kirchnerismo reprimió —y fue poco o nada— nunca hizo de la represión un justificativo que se agotara en sí mismo.

Con el cambio de gobierno, pero más importante, con la inversión del signo político, se dan o darán un conjunto de factores que harán de la represión un condimento más, no ya un veneno, en la receta con que se prepara el caldo social. Esperamos, por supuesto, equivocarnos.

El desancle autonómico del poder político que fácilmente pueden conseguir las distintas policías —diciembre de 2013 como un hito de sedición que podría ser el antecedente directo de lo que vendrá— será uno de los aspectos fundamentales a considerar. Vamos otros.

Repetimos y se repite hasta el hartazgo que no hay ajuste posible sin represión, que la política económica de la derecha necesita tanto de la benevolente avaricia de prestadores internacionales como de la anuencia, disponibilidad y complicidad de los palos judiciales y policiales. Para resumirlo en cristiano: que el poder político, el judicial y el policial se asocien en sinergia para reprimir. Es el poder político el que crea las condiciones de posibilidad: devaluación, incrementos de precios, internacionalización de productos de la canasta básica, transferencia desde los sectores populares a los del tope de la pirámide y cercenamiento de conquistas sociales y derechos laborales. Ni hablar si se incrementa el desempleo. Cada granito de arena colabora y decanta en la necesidad de justificar y alentar la utilización del monopolio de la fuerza para el control represivo de la protesta.

Ahora, no serán solo los medios y la uniformidad informativa de la que gozará el macrismo: como decíamos al principio —y aunque lastime nuestro corazón progre, izquierdista o humanitario—, el gobierno se apalancará en una porción nada despreciable de la sociedad para tornar la represión en una demanda social. Allí estarán tanto los votos del PRO que reniegan de la negrada sublevada como los votos massistas que peticionaron electoralmente por el ingreso de las FF.SS. a villas o barrios populares. Estarán también algunos votos sciolistas, no sirve negarlo.

Cada realidad local tiene sus particularidades, y así por ejemplo Jujuy cuenta con un movimiento piquetero que subsiste y uno que bien podría retornar con el desenganche de la Tupac de la teta estatal. Allí el reside el germen que nutre la justificación represiva de un sector de las clase media y media baja. Tucumán vivió recientemente un ejemplo claro, cuando la oposición republicana y el periodismo independientísimo pidieron al unísono por la “restitución del orden" y la “paz social" en ocasión de la protesta de los municipales despedidos en la ciudad de Concepción. El interior del país carga con su mochila de exclusión estructural, pero será en PBA —a la que el macrismo y Vidal utilizarán para posicionar a la gobernadora para la sucesión— donde asistiremos al showbizz de la mano dura. Será Vidal quien haga más macrismo original, ese de la UCEP y la inmigración descontrolada, previo a la instalación de la revolución de la alegría.

El proceso de control político de las FF.SS. que intentó el kirchnerismo se corta con Macri. El cercenamiento de derechos y el ajuste serán los vientos que avivarán las llamas sociales. La prédica represiva y la entronización de las libertades individuales en el discurso hegemónico serán habilitación para las policías todas. Así sean la Federal o Gendarmería quienes carguen con el peso de reprimir la protesta, todas serán señales que sabrán leer y decodificar cada fuerza policial y cada agente de seguridad.